La nueva ley realiza modificaciones que benefician a la actividad económica y social, realizada por los entes públicos, estableciendo medidas para evitar la malversación de fondos tratando de impedir que dichas actividades sean utilizadas para un beneficio personal dado entre el funcionario público que realiza la contratación y la empresa contratista.
Sin embargo, la nueva ley establece una reducción en el límite del pago de las multas por incumplimiento en las actividades, el mismo en la anterior ley estaba entre 100 UT y 1.000 UT mientras en la nueva ley la redujo de 100 UT a 500 UT.
Anteriormente cualquier participante podía informar a la Contraloría General de la República o al órgano de control interno las discriminaciones, incumplimiento de las normas legales en los procesos de licitación. Actualmente esta información se califica en forma determinante como denuncia, ya que esto le otorga al organismo controlador una base mas solida para establecer cualquier medida de prevención.
Es importante recalcar que el Registro Nacional de Contrataciones, asume mayores responsabilidades como ente regulador; deberá centralizar, organizar y suministrar la información necesaria, para obtener mayor control dentro de las empresas contratistas.
Por último podemos agregar que se ha generado una valiosa herramienta tecnológica, que permite a las empresas contratistas verificar las organizaciones que les puede brindar el servicio necesario, de acuerdo al rubro a que se dedican.
Es importante recalcar que el Registro Nacional de Contrataciones, asume mayores responsabilidades como ente regulador; deberá centralizar, organizar y suministrar la información necesaria, para obtener mayor control dentro de las empresas contratistas.
Por último podemos agregar que se ha generado una valiosa herramienta tecnológica, que permite a las empresas contratistas verificar las organizaciones que les puede brindar el servicio necesario, de acuerdo al rubro a que se dedican.
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